La implantación de la PrEP plantea nuevos retos en la planificación, gestión y financiación de la prevención combinada. Para hacer realidad la promesa de la PPrE será necesario que los gobiernos, los financiadores, la sociedad civil y otras partes interesadas aúnen esfuerzos para abordarlos de forma sistemática: conceder licencias de medicamentos antirretrovirales para el uso de la PPrE, establecer prioridades en cuanto a los lugares y las poblaciones para su aplicación, hacer que los servicios sean fáciles de usar y garantizar la adherencia. Estos esfuerzos merecen la pena por su contribución a la consecución de los objetivos mundiales de que menos de 500.000 personas al año contraigan el VIH en 2020 y de que el sida deje de ser una amenaza para la salud pública en 2030.